Sobre la ponderación del interés privado y el interés público

 

 Por Javier Bleda 

Como ya se sabe hasta la saciedad, el hijo de un conocido actor español, y nieto del mismísimo bandolero Curro Jiménez, ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato con premeditación de su presunta pareja sentimental, o amante, o novio, o acosador o lo que fuera, incluso ninguna de estas cuatro cosas. Esta dura sentencia está pendiente de los recursos que marca la ley tailandesa, por lo que todavía no es firme. 

Pero yo de lo que quiero escribir no es de la sentencia, porque ya hay una cantidad enorme de expertos en sanchología tailandesa que han escrito o hablado del tema y sus consecuencias, empezando por la representación legal española del ahora condenado, que parecían más dados a invadir el ámbito de acción de los comunicadores que a centrarse en su tarea profesional de ejercer una defensa creíble y certera. Pero ocurre que la comunicación no va siempre en la dirección que uno quiere, y con frecuencia se cuela en dirección contraria y es a partir de ahí que vienen los problemas. 

En estos días, la mencionada representación legal del condenado ha dado a conocer que estudia plantear acciones legales contra varios medios de comunicación televisivos, y también, al parecer, contra varios youtubers que difundieron la información, igual que los canales de televisión, a partir de los audios emitidos por el canal de YouTube de la periodista nicaragüense Laura Rodríguez quien, a mi entender, en un extraordinario trabajo periodístico, ha conseguido dar a conocer la trama que había montada entre el padre del encausado y su representación legal para, presuntamente, comprar al menos a un testigo, un examante del cirujano fallecido, y que fuera a Tailandia a mentir en el juicio, cometiendo perjurio, diciendo que la víctima era tan violenta que a él también le dieron ganas de matarlo. 

Los que plantean acciones legales contra toda una tropa de argumentadores de la verdad por ver dañado su honor deberían entender que el derecho al honor parte de la existencia misma de ese honor y, por tanto, en ausencia del mismo resulta inútil implementar acciones que únicamente llevarían a la nada jurídica absoluta. Atención, no digo con esto que el padre del encausado, su representación legal y cualquier otra persona vinculada a esta presunta compra de testigos no tengan honor en lo personal, que lo tienen y de ello no hay duda, pero cuando estamos hablando de que lo que se plantea es la comisión de un delito, dicho honor se ve mermado en su calidad, dado que nuestra sociedad española, y me atrevería a decir que cualquier otra sociedad mínimamente democrática, marca diferencias relativas al honor entre quienes son proclives al delito y quienes lo repelen.  

Respecto a la privacidad y la intimidad es algo diferente del honor, se trata de dos características muy parecidas y absolutamente definidas en nuestro ordenamiento jurídico a partir del cual la privacidad podría entenderse como la esfera de nuestra vida privada en la que tenemos el derecho a no ser objeto de injerencias a nivel familiar, domiciliario, en las comunicaciones o en nuestra reputación. La intimidad, por su parte, aunque comparte algunos aspectos con la privacidad, pero representa lo más íntimo de cada individuo, sus creencias, sus convicciones, su sexualidad, su salud y todo lo que tenga que ver con la esfera íntima de la existencia. 

Es aquí, en esto del derecho a la privacidad de las comunicaciones, donde debemos hacer un alto para reflexionar qué se entiende por comunicaciones en el ámbito de lo privado o lo íntimo. Si dos personas adultas mantienen una conversación sobre temas de índole absolutamente íntimo, por ejemplo una relación sexual, cabría entender que esa conversación queda entre ellas y no sale de ahí. Esto, por supuesto, puede extenderse igualmente a otros ámbitos personales o profesionales. Por otra parte, si dos personas mantienen una conversación, y una de ellas entiende que puede haber indicios de que algo no puede ir bien y decide grabarla, tienen todo el derecho a ello porque, en todo caso, quien graba es el propio receptor de la información que le está dando el emisor, por lo que hasta aquí todo sería absolutamente indiscutible. Es decir, de lo que se trata es de dejar claro si el origen de una prueba, en este caso de una grabación, es lícito o ilícito, porque a partir de ahí todo lo demás puede ser discutible en busca de una denominación jurídica adecuada. 

A este respecto podríamos poner de ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional español 114/1984, de 29 de noviembre (BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 1984). Es el caso de una persona que invoca la ilegalidad de una prueba aceptada en inicio por el juez instructor. Se queja de que la otra persona grabó la conversación sin su consentimiento, sin embargo, este individuo que reclama ante el Constitucional estaba extorsionando a su interlocutor amenazándolo con publicar una noticia relacionada con un ministro si no le daban un cargo determinado en un periódico. 

La Fiscalía argumentó que “La invocada violación del art. 18.3 de la Constitución, no presenta las condiciones para reconocerla existente. La conversación telefónica tiene un contenido de intimidad sólo frente a terceros; si los interlocutores no divulgan su contenido, ello no será en obediencia a una obligación jurídica de silencio, sino en atención a motivos éticos o estéticos. El interlocutor sólo estará obligado a tal reserva, en su caso, por motivos profesionales”. 

Después, el propio Tribunal Constitucional, en sus fundamentos jurídicos, añade: “Punto 7. No hay «secreto» para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el concepto de «secreto» en el art. 18.3 tiene un carácter «formal», en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado”. 

Más adelante aclara el Tribunal que “Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado”. 

Esta diferencia del Tribunal Constitucional respecto a quién puede grabar es importante y la voy a explicar con palabras que puedan ser entendidas por todos: “De otros”, malo, muy malo. “Con otro”, no pasa nada. 

En el argumento jurídico número 8 de esta misma sentencia, el Constitucional explica que: “En la conversación telefónica grabada por el interlocutor del hoy demandante de amparo no hubo, por razón de su contenido, nada que pudiere entenderse como concerniente a su «vida íntima» (art. 7.1 de la Ley Orgánica 1/1982) o a su «intimidad personal» (art. 18.1 de la C. E.) de tal forma que falta el supuesto normativo para poder configurar como grabación ilegítima la obtenida de la conversación que aquí se considera”. 

¿Qué quiere decir esto? Pues que de lo que hablaron fue pura y duramente de que uno, a quien grababan, estaba planteando una extorsión a otro, es decir, de la comisión de un posible delito, nada que ver con el ámbito o la esfera íntima o privada de quien estaba siendo grabado. 

También el Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre este asunto, como por ejemplo en la sentencia nº 421/2014, de 16 de mayo. En el segundo argumento jurídico dice lo siguiente: “La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que es la procesalmente recurrida, consideró lícita la grabación de la conversación. El Tribunal de apelación argumentó que la grabación subrepticia de una conversación privada por un interlocutor que participa en la misma no puede considerarse obtenida ilícitamente por cuanto no puede vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones quienes son destinatarios de las mismas”.  

Y en el argumento jurídico tercero el Tribunal Supremo añade que: “En la misma dirección desestimatoria hemos de pronunciarnos con respecto al derecho a la intimidad. Aquí, si bien la divulgación a terceros del contenido de la grabación podría vulnerar el derecho a la intimidad, para ello sería preciso que la conversación tuviera un contenido que afectara al núcleo esencial del derecho a la intimidad, ya sea en su ámbito personal o en el familiar. Sin embargo, nada de ello sucede en este caso, pues los dos empresarios denunciantes quedaron con los acusados para conversar en el despacho profesional de uno de estos sobre el dinero que les habían pedido a aquellos a cambio del otorgamiento de la concesión de la explotación de la Escuela de Hostelería, que había sido subvencionada por la Consejería de Empleo”.  

Resumiendo, quien participa en una conversación la puede grabar sin problema. Y tanto en el caso de estas Sentencias del Constitucional y el Supremo españoles, como en el caso que nos ocupa de que el examante del cirujano muerto ha grabado las conversaciones con el padre del encausado por su muerte y con todo el que le ha llamado por teléfono sobre ese tema, lo que se extrae de dichas conversaciones no es algo que afecte a la intimidad de las personas grabadas, sino que, más bien, las pone en evidencia ante la ley por ser promotores de posibles delitos. 

Plantear un contencioso por la vulneración de tu intimidad o la agresión a tu honor cuando resulta que te han cogido incitando a la comisión de un delito al testigo que quieres llevar ante un tribunal es, como mínimo, una estupidez de difícil cuantificación, pero si además resulta que quien te aconseja hacerlo es el propio equipo legal que también ha participado en este pretendido artificio de la legalidad, entonces ya la estupidez alcanza un grado superlativo de nivel togárico, entendiendo por esto que hay togas negras por medio. No existe la intimidad cuando planificas un delito, eso es así, y por ello no es de extrañar que la Justicia esté colapsada con tanto honorable ofendido que pretende suplir con el trabajo de los juzgados el honor personal o profesional que antes no ha sabido mantener. 

Como explicaba en líneas anteriores, aquí lo que importa es dilucidar si es legal haber grabado a quienes pretendían inducir a un testigo a cometer un delito previo pago, cosa de la que también existe plena constancia. Como quiera que ha quedado aclarado que grabar las conversaciones es lícito, ahora vamos a la siguiente parte, al hecho de difundir dichas conversaciones para que sea de conocimiento público la inducción y el pago a un testigo a cometer un delito inventando una historia inexistente y que, en todo caso, sí que atentaba contra el honor del fallecido. Y todo ello sin dejar de lado que fue precisamente ese testigo quien, al verse presionado para mentir en un juicio, y teniendo miedo a la posibilidad de ser detenido en Tailandia por perjurio, además de tener también miedo a las amenazas veladas que esta gente le hacía si se echaba atrás después de haberle pagado, decidió apartarse de esta sucia jugada y dar toda la información de la que disponía, grabaciones, recibos de transferencias y otros documentos a la prensa sin pedir nada a cambio, en este caso a la periodista Laura Rodríguez de Nicaragua, con el permiso expreso de su publicación.  

Ser periodista es mucho más que ser licenciado en Ciencias de la Información, porque un licenciado aplica un reglamento que no existe más que en la fantasía de sus profesores, mientras que un periodista, y más si es especialmente canalla, como lo soy yo, se tira al cuello de la noticia y la muerde como si fuera Drácula después de varios días de ayuno.  No, no es aquello de que “la realidad no te estropee un buen titular”, sino más bien que la realidad no te deje sin un buen titular real. En el caso que nos ocupa Laura Rodríguez reúne el criterio de ser periodista y también el de ser licenciada, de ahí que, una vez hechas las consultas legales pertinentes (por parte de la prudencia de licenciada), no tuviera ninguna duda (como periodista) de que el derecho a la información debía primar sobre cualquier otro ante unos hechos tan graves como los que se deducen de los audios y demás pruebas que consiguió. 

Pero, con todo, hoy en día las constituciones de muchos países, incluida la española, reconocen el derecho a “informar y ser informado” por cualquier medio, con lo que el papel específico de los periodistas ya no es el que era al estar cualificado cualquier ciudadano por la más alta de las leyes del Estado a informar sin necesidad de titulación alguna. Claro que esto conlleva un riesgo, que las informaciones que circulen sean más del tipo “la vieja el visillo” del filósofo, y a pesar de ello humorista, José Mota, que no informaciones contrastadas, pero a pesar de ello es un riesgo bonito porque nadie debería ostentar un título para contar lo que le apetezca. 

Ser periodista o estar al frente de algún medio de comunicación, sea un periódico, una radio, una televisión, un canal de Youtube o la panadería de la esquina, implica estar atento a las noticias que fluyen y que, a fin de cuentas, son la base de nuestra sociedad. Así, por ejemplo, nos enteramos de las conversaciones de Whatsapp de la reina Letizia con su compi yogui, presunto hostigador de la doctora Pinto y su niño y, como el mismo reconoce, amante de los juegos eróticos duros. 

La libertad de información es para todos, pero posiblemente no todos sepan aplicarla, pero lo que sí está claro es que nadie tiene el derecho a decidir lo que se puede publicar y lo que no, porque sería a partir de ahí que la libertad de expresión, y por ende la libertad de prensa, entraría en fase agónica. ¿Hay noticias falsas? Por supuesto, y más que va a haber cuando se acabe de perfeccionar la Inteligencia Artificial y sea ella la que piense sola sin necesidad de que nadie le pregunte. Pero también hay alimentos fake; trabajos profesionales fake de todo tipo, tanto públicos como privados; médicos, forenses y policías cloaqueros fake; servicios secretos de verdad y servicios turbios fake; jueces y fiscales fake (y aquí no me refiero al Fiscal General del Estado porque su actual función de macarra del Gobierno no es para nada fake, sino muy real); políticos fake, ministros fake, presidentes del Gobierno fake (el propio Gobierno y ellos mismos) y, por supuesto, y aquí la presunción de inocencia se va disipando con el paso y el peso de la Historia, monarquías fake. Incluso hay prostitutas de verdad, que las ves venir y sabes que cobran por ello, y putas con apariencia de nobles y megamagníficas que cobran mucho más que las meretrices oficiales pero sin pasar frío. Estas sí que son furcias fakes de realidad aumentada. 

¿Y ahora nos vamos a rasgar las vestiduras porque en un caso de alcance mundial una periodista, haciendo prevaler la libertad de información, publique unos audios donde se percibe que un equipo legal, al que se le presume un amplio conocimiento de las leyes, se ha convertido en una aparente estructura organizada para cometer actos delictivos junto a su cliente? 

Si únicamente fuera una conversación entre el padre de Daniel Sancho y el exnovio del cirujano probablemente las grabaciones no servirían en un nuevo juicio contra el actor porque conculcaría su derecho a no incriminarse y a una defensa efectiva, pero al darse el caso de que hay otros participantes en el entramado, y que dichos participantes forman parte de la representación legal de Sancho, podríamos encontrarnos ante una posibilidad más que real de que el derecho a la no autoincriminación del padre se vea diluido por ser precisamente sus representantes legales, profesionales del Derecho, los mismos que ahora amenazan con iniciar acciones legales a quienes informan de sus presuntas fechorías, los que nos lleven a concluir que, presuntamente, actuaron como banda organizada para la comisión de un delito punible tanto en Tailandia como en España y Nicaragua. 

Si el acusado que corría el riesgo de ser condenado a pena de muerte fuera uno de mis hijos yo habría ido mucho más allá que Rodolfo Sancho, y en lugar de pagar al examante del cirujano lo habría cogido de una oreja junto con un par de buenos sicarios y me lo habría llevado directamente a Tailandia para que baile allí al son que yo le marque. Y para no quedarme corto habría inventado otros cuatro examantes más del cirujano, pero esta vez de Tailandia para que me salieran más baratos, y que dijeran lo mismo que el testigo principal porque, con razón o sin ella, un padre hace lo que sea por los suyos, especialmente cuando el daño que se ha hecho ya tiene difícil reparación.  Lamentablemente, dejarse en manos de esta raza aparte en el mundo del Derecho, como son los denominados “abogados de los famosos”, tiene sus inconvenientes, porque toda esta estirpe de letrados encubiertos de parafernalia mediática chocan frontalmente con un Derecho que exige seriedad, mucho trabajo y, especialmente, mucha discreción y poco circo. ¿Esto quiere decir que son malos en su trabajo? No, no quiere decir eso, pero sí que les sobra el circo. Por cierto, me pregunto hasta qué punto Marcos García Montes estaba al corriente de toda esta operación de manipulación y pago de un testigo, porque digo yo que algo tendría que saber siendo que es parte muy importante y famosísitica de la representación letrada de Sancho. 

Yo recomendaría a la familia Sancho, con todos mis respetos y cariño, que deje estar el tema y no se deje llevar por quienes ganan dinero generando pleitos, ya que ellos van a ganar igual se gane o se pierda, pero el coste económico de todo esto para una familia puede ser tremendo, y creo que bastante hay con lo que ya se tiene. 

Además, no hay que ser un gran visionario para preguntarse si todo este montaje que plantea su defensa legal no será una huida hacia delante para enmascarar una acción altamente sospechosa que, en tanto que profesionales, nunca tenían que haber aconsejado a su cliente, y mucho menos haberse convertido en parte ejecutiva de la misma. No descarto que el Colegio de la Abogacía de Madrid tome cartas en un asunto que pone la esencia propia del Derecho a los cascos de los caballos. Y ahora que venga el listo de turno a decir que yo no soy abogado y que por tanto no puedo opinar. 

Una última cosa, si yo fuera Rodolfo Sancho, a partir de ahora procuraría invertir el dinero que le quede, si es que le queda, en pagar a algún chulo de la prisión tailandesa que tenga móvil para tener garantizado el acceso a las comunicaciones con su hijo, porque no creo que sea una buena idea dejarse caer por Tailandia, allí también se han enterado de la existencia de los audios y lo mismo, quién sabe, ahora inician una causa paralela contra las personas implicadas en la trama de compra de testigos. Avisado queda. Avisados quedan. 

El ataque de los reptitulianos y el círculo cuadrado

 

por Javier Bleda 

Mira por dónde escribo un libro titulado Viuda Súbita, Reflexiones sobre un asesinato, Mario Biondo, In Memoriam. En este libro novelo la hipótesis de que la viuda tuviera una aventura con el entonces príncipe Felipe y, al enterarse el marido, el viejo emérito diera orden a los ejecutores cloaqueros de silenciar eternamente a Mario Biondo con el fin de garantizar el orden dinástico. 

Como todavía tenía mucho material que no había podido incluir en este libro, porque los libros con muchos datos siempre es mejor que sean ligeros para digerirse mejor, decidí hacer una segunda parte, e incluso ahora pienso si no tendré que hacer una  tercera para colocar la enorme cantidad de literatura con la que el primer libro se estaba retroalimentando o, tal vez, finalmente la saga Viuda Súbita se convierta en un túnel parecido a esos que uno ve cuando está jugueteando con la muerte, solo que en mi caso, en lugar de luz brillante, lo que se aprecia al final del túnel es oscuridad, porque yo siempre he sido más de demonios que de dioses. Por cierto, pido disculpas a los que compran libros en función de que tengan muchas páginas. 

Cuando estaba ya terminando de montar la continuación de Viuda Súbita decidí seleccionar tres haters al azar (bueno, digamos que se trataría de un azar un tanto manipulado, pero como es una novela al final sería azar de todas formas). La explicación a por qué incluir haters en la segunda parte de mi novela sobre el asesinato de Mario Biondo es sencilla, como todo en la vida, siempre hay dos caras de la misma moneda, en una podríamos poner a los “suicidantes”, las personas que piensan que Mario se suicidó (o murió accidentalmente como dice su viuda) y los “asesinantes”, que mantenemos que Mario murió asesinado porque se enteró de lo que no debía haberse enterado, y de hecho unas semanas antes de su muerte comentó algo conmigo al respecto de este asunto. Así, al formar yo parte del grupo de los asesinantes, y dada mi magnanimidad, decidí darles espacio a tres suicidantes quienes, a su vez, también eran empedernidos y furibundos haters contra quienes pensamos diferente. 

Resumiendo, escribo noveladamente (supongo) sobre jefes de Estado españoles e italianos, reyes, reinas, príncipes, princesas, sapos, servicios secretos, cloacas del Estado, mafias (perdón por la redundancia) prevaricaciones de funcionarios, asesinatos, viudas, managers que mecen la cuna, implicaciones empresariales, engaños, cuernos, familias destrozadas y, de toda esa gente, el primero en rebotarse es uno de los tres haters que con tan buen criterio había seleccionado. 

Antes de continuar es mi deber advertir que este hater rebotado no es un hater cualquiera. Supongo que todo el mundo habrá escuchado hablar de la teoría de que hay “reptilianos” infiltrados entre nosotros, pues bien, entre los reptilianos hay una subcategoría que define a los que más ruido hacen, son los “reptitulianos”, que son reptiles extraterrestres hipertitulados, tanto que sus escamas están compuestas del papel con el que se confeccionan los diplomas, independientemente de si son verdaderos o comprados al por mayor (lo de que son reptiles extraterrestres lo digo en sentido figurado, no sea que alguna víbora licenciada en Derecho se me tire al cuello). 

Este hater reptitulado es el sedicente “Doctor” Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos (pongo los dos apellidos para que nadie pueda confundirse con otro Cuadrado que se encuentre por ahí y se líe a escobazos con él pensando que es un lagarto extraterrestre). Hace unos días, la periodista nicaragüense Laura Rodríguez me hizo una entrevista en su magnífico canal de YouTube con motivo de la presentación del segundo libro de la saga: Viuda Súbita II parte. Dos pashminas. Una historia. Alguien avisó al reptituliano de que estábamos en directo hablando de él y, desde ese momento, no paró de acosar a esta muchacha cuyo único delito era entrevistar al autor de un libro, porque ella no tiene nada a favor ni en contra de este icono reptiliano extraterrestre de la megalotitulación. A tal extremo llegó el acoso que se sintió atacada como mujer por un individuo que defiende los derechos de manera unidireccional, y no me extraña que la periodista se sintiera así, porque hace poco, en un foro de criminología (o al menos de crímenes) el reptitulado, en una conversación con una de las intervinientes, a la que Dios ha debido dotar de una paciencia infinita, acabó diciéndole: “igual que tú tampoco eres mi amante, de momento”. ¿Se puede ser más machista? 

A tanto llegó el acoso a la periodista ese día y el siguiente, con denuncias a la propia plataforma de YouTube incluidas, que le dije que, por mi parte, no había ningún problema si ella quería cortar el trozo de la entrevista donde hablábamos del reptituliano si con ello se iba a acabar el acoso, y así tuvo que hacer, cortar ese trozo dejando caer al pozo de la podredumbre la libertad de expresión por culpa de un individuo, y sus coristas letradas, que entienden de democracia lo mismo que yo de resolución de permutas extrapiramidales, es decir, nada. 

Una de las cosas que más me llamó la atención en este acoso salvaje a una periodista es que las letradas (léase abogadas), imploraban la calidad de la inmensa  superioridad mental de su defendido, el reptituliano, “posee altas capacidades” decían, para dar a entender que su colección de títulos y honores fuera más grande que la mía de preservativos sin usar y ya caducados. Pero luego, a renglón seguido, el reptituliano volvía a la carga alegando que tiene Asperger (hace gala de ello en su propia web y allá donde le dejan) y es poseedor de una minusvalía (mental, se entiende) del 44 por ciento, lo que en términos matemáticos vendría a ser la perfecta cuadratura del círculo, y no tanto por el juego de palabras por el hecho de que el reptituliano se apellide Cuadrado (yo me llamo Bleda, que significa acelga en catalán, y ninguna me quiere comer, “de momento” como diría el reptituliano), sino porque podríamos decir que su capacidad mental le ofrece la posibilidad de llegar donde no llegan los humanos estándar en el campo del conocimiento pero, si te metes con él, entonces saca su carnet de disminuido y te amenaza con el fuego eterno judicial por haber tenido la osadía de tratarlo como si fuera una persona normal. 

Y ahora le pregunto yo a la ciencia, ¿en qué quedamos, este tío hipertitulado y Master del Universo, es tonto o listo? Y no me toquen los cojones con eso de si me estoy riendo de una persona con problemas mentales porque no es el caso, hablamos de alguien que va de perdonavidas, y por mucho que la ciencia explique que los asperger pueden llegar a resultar pedantes, si la sociedad le da la posibilidad de ser abogado, médico, forense, neurocientífico, criminólogo, psicólogo, recoge pelotas  en el Open Británico de tenis, y hasta detective (aquí sí que le tengo lástima con lo jodida que está la profesión desde que la ley de Seguridad Privada los jodió bien jodidos para que no pudieran tocar nada delicado sin que el gran hermano de las cloacas del Estado lo sepa primero), insisto, si la sociedad le da la posibilidad de que haga todo eso, ¿por qué yo no puedo hablar de él como si fuera una persona normal? ¿Acaso no lo es? ¿Entonces dónde queda toda la verborrea estructural de la integración social de los disminuidos?  

Yo, a Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos lo integro tanto en la sociedad, como creo que es mi obligación, que si en lugar de en un foro, amparándose en la distancia, me hubiera dicho a la cara, con motivo de mi primer libro de Viuda Súbita, eso que escribió de que soy “inimputable” por mi grado de “subnormalidad” (conservo captura de pantalla), le habría dado dos “guantás” al estilo de Albacete que habría tenido que hacer las maletas y volver a su planeta de reptitulianos echando leches. Y esto no es una amenaza, porque expreso lo que habría pasado de tenerlo delante, pero claro, ahora que su ilustrísima reptituliana me ha hecho un análisis forense online no solicitado y me ha dejado claro que los dos somos disminuidos mentales, pues ya no hay problemas, aunque si he de ser sincero lo que más me ha gustado de su forensía es eso de que soy inimputable por mi subnormalidad, porque a partir de ahora ya me puedo sentar a descansar sabiendo que nadie se puede meter conmigo por lo que digo o escribo, y si alguien lo hace rápidamente saco el dictamen de su ilustrísima forense reptituliana y esgrimo, como hace él cuando le interesa, que soy un pobre disminuido. 

Por cierto, como creo que el reptituliano ha conseguido comer el coco al Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha (con el de Madrid no pudo), me encantaría saber qué piensa quien lleve las riendas de ese colegio respecto a que uno de sus miembros ande insultando, desde un punto de vista de minusvalía mental, a diestro y siniestro. ¿Dónde quedó la ética que se le supone a quienes tienen la responsabilidad de traer un poco de orden y concierto a nuestras tristes vidas? ¿Es habitual que un psicólogo colegiado ande diciendo subnormal a todo el que no es un reptituliano como él? 

Venga ya hombre, a tomar por culo tanta tontería, vivimos en una sociedad donde la libertad de expresión hace aguas por culpa de individuos tóxicos y manipuladores, como este reptituliano, que piensan que sus amenazas tienen algún recorrido. No se puede jugar con ventaja haciendo que las reglas sociales sean unas para unos y otras para otros dependiendo de cuál sea su condición. Si alguno de los mil títulos del reptituliano es auténtico y, a partir de ese título, tiene el derecho de ejercer como profesional en el ámbito que corresponda, también debe saber que después, si alguien le dijera que es un gilipollas, no puede ir corriendo a “mamá Teresa Bueyes” a decir que lo han insultado porque es un disminuido, porque eso no es cierto, nadie le dice nada por tener lo que tiene, eso es algo que él mismo, el reptituliano, se saca de la manga cuando no tiene otra defensa. Es como si yo dijera que escribo como escribo porque soy un hijo de puta de nacimiento y no me puedo reprimir. Efectivamente soy un hijo de puta (disculpa madre, ya sé que no te dedicabas al tema, es una forma de hablar, y desde luego si lo hiciste supiste guardar muy bien el secreto), pero no escribo así por serlo, sino porque, con conocimiento de causa, después de muchos años peleando contra el sistema inmundo en el que vivimos, no me da la gana callarme, y menos ahora que, después del dictamen forense online no solicitado de su ilustrísima reptituliana, ya sé que nunca iré a la cárcel, como mucho a alguna institución mental. Claro que esto tampoco me deja muy tranquilo, la verdad, porque si luego aparece él por allí como ilustrísimo reptituliano neurólogo psiquiatra forense de los universos a la izquierda de Orión, entonces sí que no habría quien me pudiera librar. 

A mí los títulos me importan muy poco, incluidos los auténticos del reptituliano y los que le puedan haber tocado en la tómbola, y más después de ver que la Universidad Complutense, esa aparente cuna del saber universitario, se ha convertido en la extensión de saunas para homosexuales del suegro de Sánchez, que en paz descanse, que ponen el culo firme cuando el poder los llama. ¿Qué importancia pueden tener los títulos universitarios cuando la primera dama del presidente del Gobierno (me refiero a su mujer Begoña, no a Letizia, es por aclarar la diferencia entre el orden institucional y el marital), se convierte en catedrática de no se sabe muy bien qué en un lugar donde los títulos, precisamente los títulos, es lo único que cuenta?  

Pero siendo que los títulos me importan poco, no es de recibo que venga un reptituliano de otro planeta y haga lo que le salga de salva sea la parte con un discurso titulante más hueco que el doctorado de Sánchez y degradando las palabras “colegio” y “colegial” al grado de lagartijas, lo que en el mundo del que viene el reptituliano sería lo más parecido a la nada absoluta. Pero, como es un disminuido aquí no pasa nada, o mejor dicho, sí pasa, porque al que se meta con él los jueces lo van a machacar, excepto a mí que soy subnormal. Si no fuera porque estamos hablando de cosas muy serias sería para reírse hasta decir basta. 

Ahora bien, incluso respetando el criterio profesional forense de su ilustrísima reptituliana, el doctorcito Cuadrado, respecto a mi grado de subnormalidad, faltaría más, o incluso el de una de sus letradas, que afirma que a mí no me conocen ni en mi casa (eso quisiera mi familia, no conocerme, al menos en mi faceta de periodista, porque son muy del PP y yo le arreo a todo lo que se mueve a izquierda y derecha, como el Cuadrado con los títulos), si hay algo por lo que siento asco, pero verdadero asco, especialmente porque soy padre y tres de mis seis hijos todavía son menores, es al tema de la pornografía, y aquí sí que no voy a poner paños calientes con este individuo por muy disminuido discrecional que sea. Cuadrado, además de tomarnos a todos por gilipollas dadas sus altas capacidades, es pura y duramente un promotor de pornografía junto a su socio, el productor de cine porno Ignacio Allende, alias Torbe y la actriz, o exactriz, o lo que sea, porno María Lapiedra. A Torbe lo acaban de condenar en firme por pornografía infantil, y a esta señora la lio el Cuadrado para montar una empresa, junto con Torbe, dedicada a hacer monedas con la figura de la “actriz” y venderlas bajo la denominación de “Lapiedros”. Esto, nos pongamos como nos pongamos, se llama promover la pornografía, y por mucho que vivamos en un país donde todo vale, donde estas barbaridades sean legales, donde  nos quejamos de la violencia contra las mujeres, pero los jóvenes y niños pueden ver tranquilamente en sus teléfonos cómo cincuenta tíos revientan a una mujer que, por imposición del guion, tiene que poner cara de que le gusta y sonreír pidiendo más o, como en el caso del socio de Cuadrado, y según la Policía, una niña menor de edad fue humillada y vejada por Torbe y obligada a escenas de sexo con hasta 30 hombres, digo, nos pongamos como nos pongamos es una aberración por la que siento asco, tanto por la pornografía como por la de quienes, como en el caso de los individuos citados, la generan, producen y distribuyen en cualquiera de sus formas, incluyendo la edición de monedas con imágenes de actrices porno e independientemente de su estado mental. 

Creo que con todo lo dicho he dejado clara mi posición respecto a su ilustrísima reptituliana, pero si ello no fuera suficiente, o no entendiera bien mis palabras, le aconsejo que se vaya a tomar por donde amargan los pepinos y me deje en paz, y si es que se diera el caso de que en su infinita sabiduría no supiera qué significa esto, entonces lo que puede hacer es un master de Pepinología Ecológica, que ahora en Mercadona los regalan comprando una piña a partir de las ocho de la tarde. Y si después de añadir un nuevo título a su colección para andar dando el peñazo a todo dios respecto de los títulos que tiene, sigue sin entenderlo, entonces ya la única solución que quedaría es que se acerque a las tres de la madrugada a cualquiera de los miles de pueblos que hay en España con bares y allí pregunte a los lugareños que todavía aguanten apalancados contra la barra qué significa eso de que te den por donde amargan los pepinos, que con toda seguridad se lo van a explicar al detalle. 

Y, por supuesto, si a pesar de todo su ilustrísima reptituliana no entiende mis palabras y va corriendo a “mamá Teresa Bueyes” para que me denuncie, incluso ignorando el propio análisis forense online no solicitado que hizo sobre mi grado profundo de subnormalidad, pues entonces aprovecharé mi condición de periodista canalla de barra de bar, que no de licenciado intergaláctico, para preguntar a la abogada cuando me la encuentre en los pasillos de los juzgados cómo pudo tragar con aquél comunicado de una de sus clientas, Bárbara Rey, creo que emitido en 2017, amenazando con demandar a todo el que dijera que había estado liada con el rey Juan Carlos. Pero vamos a ver, un poco de seriedad por favor, no es que la clienta de Bueyes estuviera liada con el rey, sino que además extorsionó al Estado durante años para ser pagada con dinero público a cambio de su silencio y de no dar a conocer los vídeos sexuales que ella misma hizo en su casa, además de otros del mismo tipo que grabaron los servicios secretos a ella y al Borbón en Aravaca. Lo de la extorsión al Estado no es algo original mío, sino del general Manglano, quien fuera durante años jefe de los servicios secretos españoles y también de lo peor de sus cloacas, y quien, en compañía del ciudadano Borbón, también inimputable como yo, pagaron con fondos reservados destinados a la seguridad del Estado (ojo, no confundir Estado con la bragueta del jefe del Estado) un silencio que en realidad no lo era, porque esta supuesta diva nunca ha dejado de flirtear con el tema en medios de comunicación para tener acojonado a un monarca que nunca debió serlo por su depravada actitud hacia las mujeres ya desde su época de príncipe, cuando iba de la mano de Franco. 

Ya que estamos, conviene recordar lo publicado por El Mundo el 21 de junio de ese mismo año 2017: Ocurrió en el programa Crónicas Marcianas, en el año 2000, estando el fallecido Ángel Cristo, ex marido de Bárbara Rey, en el plató, cuando dieron paso en directo a una llamada de Sofía, hija de ambos, que emitió por sorpresa una cinta grabada en secreto donde el domador insultaba a la vedette. "Si esta señora, -dijo, refiriéndose a su ex mujer- ha sido capaz de chantajear a uno de los hombres más importantes de este país, ¿Cómo no va a tratar de destruir a un pobre hombre de circo como yo?

Además de estas palabras más que concluyentes del domador y exmarido de la Rey, en el mismo artículo El Mundo añade: Pudo ser el suyo un nombre más en la lista de conquistas que la rumorología atribuye al emérito, si no fuera por el escándalo sin precedentes protagonizado por la vedette en mayo de 1997, cuando denunció a la policía el robo en su domicilio de carretes de fotos, cintas de vídeo y material gráfico "comprometedor" para una "persona muy importante" de este país, señalando que los autores "han podido ser enviados por el señor Manuel Prado y Colón de Carvajal, a fin de retirar la documentación comprometedora". 

La que se lio fue parda, teniendo en cuenta que Manolo Prado, ya fallecido, era íntimo de Don Juan Carlos, además de su administrador privado, por lo que a nadie le cupo duda de la identidad del "poderoso" amigo que Bárbara Rey decía querer proteger. 

Y, como todo es circular, resulta que Colón de Carvajal era íntimo del padre de Macarena Rey, la directora general de la empresa que hace el programa Maestros de la costura y Masterchef entre otros. Nunca le falta trabajo a otra diva, Raquel Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo. No lo digo por nada, solo por la coincidencia. 

No sé si me he explicado suficientemente bien, a veces con mi retraso mental diagnosticado por su ilustrísima reptituliana me dejo llevar cuando pongo los dedos en las teclas y no sé ni lo que escribo.